+Infor: fracturahidraulicano.info
Nueve meses después de que la aprobase el Parlamento de Cantabria, el Estado ha decidido frenar la ley que prohíbe el fracking en la región con un recurso de inconstitucionalidad para el que ha apurado el calendario al máximo, ya que el plazo para dicho recurso expira el próximo lunes día 27, y que suspende de forma temporal la norma en conflicto. El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, ha informado esta tarde, en una rueda de prensa convocada sobre la marcha, de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros hoy a instancias del Ministerio de Industria, cuyo titular, José Manuel Soria, es un baluarte declarado de la fractura hidráulica como herramienta para reducir el déficit energético nacional.
Este tipo de ingeniería es tan polémica entre la ciudadanía como atractiva para las compañías de hidrocarburos, pues detecta y extrae gas esquisto de las rocas del subsuelo donde se halla encapsulado con unos costes que la han convertido en la fuente energética con mayor expansión en Estados Unidos, y pronto, en Europa. No en Cantabria, pues según Fernández, aún sin ley "va a ser prácticamente imposible" que ninguna compañía utilice este sistema, ya que requiere una calificación de los suelos municipales como "de especial, protección minera" que la Administración autonómica no piensa conceder. "Este Gobierno le ha declarado la guerra al fracking", ha sostenido Fernández, recordando que ninguno de los cinco permisos vigentes en la región (cuatro de ámbito estatal y uno regional) ha superado la fase de investigación aún. Cuando pretendan extraer gas con pozos, las empresas se encontrarán con esa "incompatibilidad urbanística" a la que ha aludido el consejero, y que a su entender resulta igual de definitiva.
El recurso suspende la ley temporalmente como medida cautelar, hasta que el Tribunal se pronuncie sobre un "incidente legal" previo, donde no entrará a juzgar el fondo del asunto. Lo que hará será contrastar los dos interese en conflicto. Por un lado, el posible perjuicio a la comunidad por permitir el fracking durante "el año o dos años" que tarde en resolver la supuesta inconstitucionalidad. Y por otro, el posible perjuicio a la política energética de la nación que se derivaría de permitir la prohibición durante ese mismo tiempo. El plazo habitual para conocer la solución a este "incidente" suele rondar los cinco meses, ha señalado Fernández.
El Ejecutivo de Ignacio Diego ya se esperaba este desenlace, después de que la mesa bilateral constituida hace tres meses para acercar posturas no haya acercado absolutamente nada a pesar de ser ambos interlocutores del mismo partido político.. La argumentación legal aprobada por el Consejo de Ministros "impugna prácticamente la totalidad de la ley", que por otro lado apenas ocupa dos folios. El Estado recurre la prohibición en sí, además de la consideración del fracking como una infracción urbanística y medioambiental, y el hecho de que la norma anule tanto los permisos futuros como los ya concedidos. "Nosotros entendemos que no cuestionamos la legislación básica del Estado", ha defendido el responsable de Medio Ambiente, quien considera que Cantabria puede arrogarse la competencia para legislar sobre el asunto. "Vamos a seguir manteniendo que en Cantabria nos puede llevar a cabo el fracking, con ley o sin ley. Hay argumentos suficientes para hacerlo prácticamente inviable", ha insistido.
El Gobierno regional buscará "otros argumentos normativos" para andamiar su prohibición por la vía urbanística, caso de leyes medioambientales o de protección de aguas. "Las empresas tiene que respetar toda la legislación sectorial, no sólo la minera", ha advertido Fernández.
Argumentos del Estado
El Estado considera que el texto aprobado por el Parlamento regional por unanimidad a propuesta del Gobierno del PP, es "inconstitucional" porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma y en las zonas de subsuelo marino.
El Gobierno entiende que la ley de Cantabria , al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del fracking, "vacía de competencias" al Estado en materia hidrocarburos. En este sentido, señala que "las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales".
Por otro lado, el Ejecutivo central puntualiza que la legislación estatal no ignora la protección ambiental en la utilización de esta práctica, ya que, tanto el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2008, como la Ley de evaluación ambiental, de 2013, sujetan los proyectos que utilicen esta técnica a la evaluación de impacto ambiental, que "podrá establecer todas las medidas de protección que sean necesarias en cada caso, o bien, si fuese necesario, descartar los proyectos que ofrezcan riesgos para el medio ambiente".
Asimismo, el Gobierno argumenta que la normativa estatal es conforme con la normativa de la Unión Europea en la cual no se prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional. Es más, recuerda que la Comisión Europea ha adoptado esta misma semana, el pasado 22 de enero, una recomendación que establece los principios a aplicar por los Estados con objeto de garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen (fracking) utilizada en particular en las operaciones con gas de esquisto o no convencional.
Y añade que en el caso de España, la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria , Javier Fernández, ha convocado de urgencia una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno central. El titular de Medio Ambiente tiene pendiente además una comparecencia en el Pleno del Parlamento, solicitada por el PP, que se celebrará en cuanto la Cámara retome el periodo de sesiones.
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