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El PGOU de San Vicente de la Barquera: Un análisis crítico / Parque Natural de Oyambre

       El intento de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente de la Barquera –pendiente de  los preceptivos informes de la Dirección General de Puertos, de la Demarcación de Costas, y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo– vuelve a marginar al Patronato del Parque Natural de Oyambre en su condición de órgano de participación ciudadana –que no ha sido convocado en los tres últimos años cuando sus disposiciones legales le obligan a hacerlo al menos a hacerlo anualmente–, bloquea las directivas europeas sobre información ambiental, y deja al margen las opiniones e informes preceptivos de los agentes económicos y sociales –entre ellos las organizaciones conservacionistas y ecologistas de Cantabria– presentes en el mismo. Esta transgresión legal volverá a encontrar obstáculos insuperables en su tramitación final y ha vuelto a despreciar las aportaciones y propuestas que podrían haberse realizado para encajar la nueva normativa de planeamiento urbanístico en el marco de los planes y objetivos que motivaron la declaración del Parque Natural de Oyambre en el que se encuentra, por más que se ignore, la practica totalidad del municipio de San Vicente de la Barquera.

  Pero tan lamentables como estos desafíos legales y de procedimiento sobre el futuro inmediato de la villa barquereña y su entorno ha sido el asistir al continuo proceso de degradación de los valores ambientales y del paisaje –no lo olvidemos, uno de sus principales activos turísticos– de una síntesis excepcional del patrimonio Natural y Cultural como el que ha constituido, hasta fechas muy recientes, la existencia de su trama y arquitectura urbanas, sus testimonios histórico-artísticos, y el escenario natural de marismas, rías, bahía, playas, acantilados y paisajes rurales donde estaba inserta en términos armoniosos y respetuosos con las perspectivas y horizontes originales. Un escenario que, posiblemente, no tuviera paralelo en todo el litoral cantábrico en cuanto a los contrastes, la variedad, la amplitud y la profundidad de los paisajes y micropaisajes que la caracterizaban.

  Sin embargo, en las últimas décadas –y a pesar de la declaración del Parque hace casi 30 años que debería haber frenado o corregido este proceso de degradación– la especulación del suelo y los atropellos urbanísticos han sido demoledores: Podríamos comenzar con la introducción  en las Avenidas Garelly y Miramar de unos diseños y tipologías arquitectónicas de bloques corridos absolutamente estandarizadas, sin la más mínima intencionalidad estética y de integración en los conjuntos tradicionales, con unas fachadas lineales muy poco adecuadas a la personalidad y características de la arquitectura y los escenarios o telones de fondo preexistentes, dentro de las elevadas densidades y alturas, la estrechez de sus viales y el hacinamiento que ha ido acentuándose entre las calles del Padre Angel y La Barrera en torno a El Cantón, Las Tenerías y Las Calzadas; o señalar la insumergible presencia de actuaciones incomprensibles con la autorización de promociones inmobiliarias en suelo rústico y áreas de una gran fragilidad visual y complicada articulación urbana como los bloques de apartamentos MUR encima de La Maza o los que acabaron consolidándose en  las proximidades del Tostadero, Merón y La Argolla con el desmantelamiento del sistema dunar de acceso a la playa, la creación de un macroaparcamiento en su lugar y en el mismo borde costero, o la autorización del camping de El Rosal y las plantaciones de pinos que rematan los graves impactos ambientales que venían suponiendo en el último medio siglo la desecación de colas y riberas de las marismas de Rubín y de Pombo, el contacto con los ríos Escudo y Gandarillas, los rellenos de zonas húmedas adyacentes, y las plantaciones de eucaliptos con los consiguientes trastornos de los flujos intermareales, la intensificación del depósito de arenas y sedimentos en la bocana y el canal de navegación interior de la bahía, y las dificultades del tránsito de embarcaciones hacia el puerto y los mulles de atraque.

     Por otra parte,  la reciente demolición de la nave de Albo en San Vicente de la Barquera, uno de los últimos testimonios del Patrimonio Industrial relacionado con las culturas marineras en la villa barquereña. y en cuyo solar pretenden construirse viviendas de lujo es otra oportunidad perdida de corregir las numerosas agresiones al paisaje y a los valores ambientales del barrio de La Barquera donde el hacinamiento urbanístico, los aprovechamientos intensivos del suelo, la desaparición de la línea natural de las cumbres, sus insumergibles efectos-pantalla y las promociones inmobiliarias clónicas, la inadecuada localización y diseño del macroparcamiento –en vez de aprovechar la margen derecha de la N-634 en dirección a Oviedo como aparcamiento disuasorio más integrado y respetuoso con el paisaje natural y urbano–…., y las desafortunadas tipologías y exceso de volúmenes o alineaciones, son todo un ejemplo de urbanismo que ha ido devaluando progresivamente los atractivos turísticos y la calidad de vida de los vecinos sin haberse elaborado,  con carácter previo, un Plan de Movilidad Sostenible o el necesario Catálogo de Edificios y Lugares de Interés histórico-artístico, patrimonial, ambiental y paisajístico antes de emprender estas iniciativas de demolición o intentar resolver los problemas de tráfico mediante ese otro impacto irreversible en el entorno del Puente Nuevo; un barrio, donde tras las pésimas actuaciones de La Colmena, El Retiro, La Romerona o El Castañar,  lo que necesita es un mayor esponjamiento urbanístico, retranqueamientos y servidumbres más exigentes respecto a la primera línea de costa, una mayor ampliación, en todo caso, de equipamientos, muelles y atraques para actividades pesqueras, sociales o recreativas, garantías de continuidad en los tránsitos y paseos peatonales por el borde litoral, y un especial cuidado en su inserción formal y funcional en el conjunto urbano y el marco natural en que se encuentra la villa para evitar o prevenir la repetición de las negativas actuaciones inmobiliarias,  las sentencias de demolición en contra o pendientes de resolución –el Polideportivo de Las Tenerías, el desmantelamiento del camping del Rosal, la escollera del Pájaro Amarillo, la variante de Oyambre y los impactos en Merón y Bederna,...– o la degradación de los bordes litorales, marismas, ríos y arroyos cada vez más desnudos de su vegetación natural, despojados de sus cortejos arbóreos –como ocurriera en la carretera a La Acebosa–  o tolerando ocupaciones o alineaciones de instalaciones, infraestructuras o mobiliarios inadecuados  a la belleza, exposición y fragilidad de sus cuencas visuales.

    El PGOU en trámite adolece, a su vez, de numerosas limitaciones al mantener unas expectativas desmesuradas de crecimiento y de construcción de viviendas en Boria-Santillán y en Las Calzadas; al colmatar en exceso solares estratégicos situados en el interior de la trama urbana o en el entorno de núcleos rurales  como La Revilla forzando los perímetros del Parque  con un asedio en toda regla sobre el espacio protegido; al seguir careciendo de ese Plan de Movilidad Sostenible que garantice la continuidad de carriles-bici, itinerarios peatonales o desplazamientos entre una y otra orilla de la ría con atraques y pantalanes adecuados; y al persistir en el proyecto de macropuerto deportivo con una inversión y envergadura escandalosas, ajenas a las futuras y razonables demandas y con un exceso de oferta en relación a la disponible en el resto de los puertos deportivos de la región, el oriente de Asturias y la costa vasca, con unas nuevas infraestructuras que constituyen un auténtico despilfarro y con limitaciones estacionales insuperables  al seguir un modelo mediterráneo que no es el nuestro ( y que, además, crearía un empleo precario y coyuntural, y la privatización de la gestión en accesos y explotación), provocar irreversibles impactos ambientales y sobre el paisaje, apostar por soluciones duras y rígidas frente a las expectativas del cambio climático y la subida del nivel del mar, y renunciar a alternativas mejor integradas en la costa que mejoren y reordenen los usos y actividades en los muelles y atraques ya existentes. Una revisión crítica de los objetivos del PGOU que exigiría, también,  una apuesta decidida por la modernización de los sectores agroganadero, forestal y pesquero y actividades de transformación y comercialización asociadas mediante el impulso a las Denominaciones de Origen, la creación de un logo o Marca Específica de calidad ecológica de los productos que tengan su rigen en el Parque Natural de Oyambre, el saneamiento de los canales de intermediación, distribución y reorganización o modernización empresarial y cooperativa, y la generalización de nuevas y blandas tecnologías o la mayor diversificación de los sectores productivos,  un Plan Integral de Restauración Ambiental y del Paisaje que incluyese la totalidad de las marismas de Pombo y Rubín, los bordes de playas y acantilados en torno a Merón y hasta Santillán, la potenciación de itinerarios y atractivos turísticos relacionados con la calidad, las conductas sostenibles y los valores ambientales, e incluso –y, en este caso, por razones legales y de superación de rancias connotaciones ideológicas–  la supresión de las viejas denominaciones franquistas del Generalísimo y Jose Antonio que aún siguen resistiéndose –y desconcertando a muchos turistas y vecinos– en pleno centro de la villa.  

Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción y representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de Oyambre. 


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Publicado por Blogger para La Oropéndola 100% Sostenible el 4/17/2015 10:24:00 p. m.

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