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La democratización campestre y la construcción en suelo rústico

Año 2017 | S↺STENIBLE ♻100% | Humanidad y Medio

 Defender lo mismo y su contrario no es, precisamente, un síntoma de coherencia o de racionalidad en el análisis de la realidad. Más bien es un ejemplo de hipocresía y oportunismo que retrata la inconsistencia argumental de quienes les importa lo más mínimo su propias trayectorias o sus principios éticos con tal de engañar a la audiencia o, peor todavía, a sus ciegas clientelas electorales. Viene esto a cuento de las mociones que el PP está impulsando para facilitar, en la nueva Ley del Suelo que está elaborando el Gobierno de Cantabria, la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico "para que las miembros de una familia puedan aprovechar la parcela que tienen en rústico ordinario ajustándose a los cánones exigidos para construirse una casa y no abandonar el municipio, favoreciendo además el reagrupamiento familiar; para que las pequeñas empresas del sector de la construcción puedan paliar en cierta medida la crisis económica del sector; y para lograr nuevos ingresos en las arcas municipales por tasas e impuestos de construcción que contribuyan a sufragar servicios básicos y necesarios en el municipio" siguiendo la estela de aquella consigna  "todo suelo es urbanizable mientras no se demuestre lo contrario" que tantos estragos económicos, sociales y ambientales  provocó en todo el país y volviendo a recrearse en las fibras emocionales y los supuestos beneficios laborales de sus propuestas

   Pero si la historia se repite –"primero como tragedia, y luego como farsa"–, los errores y las contradicciones se mutiplican con este doble lenguaje –como ha vuelto a ocurrir con el fracking que se rechaza en Cantabria y se apoya en Madrid– y esta nueva epidemia de "democratización campestre" para eliminar obstáculos a  las viviendas en suelo rústico mediante la huida hacia adelante, la indisciplina urbanística generalizada                             –especulación, arbitrariedad, clientelismo...–, el amparo jurídico  a esta  (neo)liberalización, y  la ruina definitiva de los valores que han resistido la acometida de la fiebre inmobiliaria. Un empeño que vuelve a chocar –y hay cuestiones que, por evidentes, hay que volver a repetirlas cada mañana– con las propias disposiciones del PP cuando –BOC del 4-6-2002– gobernaba con el PRC y que transcribimos literalmente: 

   "(...)  ""La alteración y desaparición de los suelos constituyen algunos de los problemas principales del medio ambiente regional, junto a la ruptura del modelo tradicional de asentamientos por el fomento de la dispersión de viviendas (...). Este fenómeno está produciendo una merma, no solo de la superficie –entendiendo que el suelo es un bien finito-, sino también, y sobre todo, de los valores agronómicos y ecológicos (…), una disminución de la biodiversidad, afectando e hipotecando la funcionalidad de los sistemas naturales y su necesaria conectividad biológica, ecológica y territorial, y la alteración paisajística y la contaminación de suelos y capas freáticas.

  Pero los problemas de esta dispersión urbanística son también de ordenación el territorio: despilfarro de recursos para servicios e infraestructuras; alteración de la red de caminos rurales; interferencias con las actividades agrícolas y forestales; ocupación de espacios naturales de gran valor (mieses, bosques, montes, costa, riberas fluviales); falta de estructura territorial en la manera de ocupar el territorio, por el carácter puntual y disperso de la vivienda unifamiliar (...)  La riqueza y la diversidad del paisaje es una de los rasgos más significativos de nuestra región. Su importancia  puede valorarse por la utilización sostenible de los recursos naturales, como hábitats para las especies silvestres, como espacios abiertos, por su valor estético y cultural y como fuente de beneficios económicos. La calidad de los paisajes ha sufrido las presiones del desarrollo urbano, el turismo, el ocio, la explotación minera y las prácticas agrícolas y silvícolas, con un empobrecimiento de la diversidad natural.

Por otra parte el uso abusivo del art.44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los últimos años, ha provocado la idea de que en el suelo rústico «todo vale», que es un suelo residual, y que al ser cuantioso en superficie, la implantación de usos sin control, ni servicios, no tiene repercusión negativa alguna. Todo esto ha llevado a un desarrollo urbano de crecimiento caótico, con un tráfico privado más intenso, aumento del consumo de energía, encarecimiento de infraestructuras y servicios y degradación de la calidad del paisaje y del medio ambiente". 

"Argumentos suficientes y contundentes contra la falsa correlación entre aumento del suelo urbanizable y disminución del precio de la vivienda, contra la apelación a la crisis económica o a la "dinamización del sector", y contra el olvido de los enormes costes en equipamientos, servicios e infraestructuras que supone la acentuación de la localización dispersa de  las áreas residenciales, ignorando que la suma de intereses privados                       –propietarios originales y promotores inmobiliarios con parcelas compradas, con frecuencia, a precio rústico para revalorizarlas como urbanas–y la especulación del suelo, no tiene como resultado inevitable el interés general; al contrario, resultan incompatibles con los intereses mayoritarios que deben presidir los modelos territoriales de grupos políticos que han sido contaminados con estas mociones y sembrado dudas entre quienes con más énfasis deberían haberse opuesto a ellas, mientras se siguen dejando en el limbo las responsabilidades concretas y la exigencia de  esclarecer las perversiones procedimentales, territoriales y urbanísticas que han desembocado en las anulaciones de diversos planeamientos donde han tenido responsabilidades de gobierno en ayuntamientos de Cantabria quienes ahora pretenden abrir falsas expectativas sobre el tema.

   La urgencia no está, pues, en volver a lo peor del pasado descrito: la prioridad es aprobar cuanto antes el Plan Regional de Ordenación del Territorio donde el suelo rústico de especial protección y el ordinario definan claramente sus límites y se prohiba la invasión de vegas y mieses o agredir al paisaje y los valores ambientales ( con especial cuidado en el respeto y ampliación de las distancias a los cursos fluviales); donde las excepciones se sometan a rigurosos y transparentes procedimientos reglados; se establezcan preferencias para los usos agropecuarios –dentro del mantenimiento de las estructuras de mosaico y la diversificación productiva, la restricción de prácticas intensivas, ganadería sin tierras o plantaciones masivas de pinos o eucaliptos–; se admitan la rehabilitación o remodelación de inmuebles para fines turísticos o recreativos sin alterar volúmenes y morfologías; se incluyan, con criterios muy selectivos, corolas periurbanas edificables que garanticen su articulación con los núcleos compactos tradicionales, impidan ocupar laderas y romper las crestas de cumbres, no interfieran en los valores escénicos en que se insertan, y prohiban expresamente el crecimiento urbano hacia aquellas cuencas visuales o los horizontes abiertos, frágiles o sensibles; y se respeten los micropaisajes y la integración de los mobiliarios e infraestructuras en las perspectivas, materiales y tipologías tradicionales. Iniciativas que deben sustituir los mitos del crecimiento a toda costa como fuente de progreso por un modelo de desarrollo sostenible orientado a un urbanismo de calidad y unas políticas de vivienda que potencien el alquiler o acceso a la propiedad con promociones sociales o públicas, que incorporen una fiscalidad específica y selectiva  a las viviendas y solares vacíos en las tramas urbanas consolidadas para incorporarles al mercado, que financien programas de rehabilitación y remodelación de viviendas antiguas para adaptarlas a nuevas demandas en superficie y otras características; y que planteen evoluciones demográficas acordes con las limitaciones físicas y ecológicas del territorio en el que se asientan. Y tal vez así consigamos detener esta nueva oleada, ahora de "democratización campestre", que nos invade, la desaparición progresiva de la reserva ambiental y alimenticia que supone el suelo rústico –a no ser que pretendamos exportar nuestra huella ecológica o comer cemento y asfalto–, o la ilusa creencia del carácter ilimitado de los recursos disponibles y el consumo sin freno alguno de nuestros espacios vitales.

Por: Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción.

Imagen: Archivo de Sostenible100% (libre uso)

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