El permiso se anula y se declara ilegal tomando como base la Ley del Suelo que prohíbe las actividades extractivas en suelo rústico de especial protección.
Así lo han anunciado ayer jueves en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.
El permiso Arquetu, concedido por un periodo de seis años a esta filial de BNK Petroleum Inc., empresa especializada en la extracción de gas de pizarra mediante fractura hidráulica, afecta a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
Era el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. El resto (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) han sido autorizados por el Ministerio de Industria al afectar también a otras provincias vecinas.
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