¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!:
SEGUIMOS LUCHANDO.
El 19 de marzo la Comisión Europea ha resuelto mediante una Comunicación la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada con éxito. Casi 1.900.000 ciudadanos de 25 países de la Unión Europea hemos levantado nuestra voz clamando por "El derecho al agua y al saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!" y demandando al Parlamento Europeo y a la Comisión que legisle en ese sentido.
En el debate producido en el Parlamento Europeo, los diputados compartieron la opinión de que el acceso al agua es un derecho humano básico. Las discrepancias surgieron sobre la segunda parte de la iniciativa ciudadana europea la regulación en el territorio de la Unión Europea de la exclusión de los servicios del agua del ámbito de la liberalización.
La representante del Comité de Ciudadanos que impulsó la ICE expuso en su presentación la voluntad de los ciudadanos europeos de introducir en la agenda de la Comisión Europea la regulación como derecho humano al agua y al saneamiento y su exclusión de los servicios privatizables, reiterando que son servicios públicos esenciales para todos y que es importante que los ciudadanos paguen precios razonables, no según las necesidades de los accionistas de las compañías de distribución, que hoy en día, no dudan en cortar el agua de las familias en dificultad.
Esta demanda fue apoyada por partidos de izquierda y los verdes que proclamando la importancia de la entrada en el Parlamento Europeo de las demandas ciudadanas, y proponiendo la regulación como tema crucial.
Sin embargo, la alianza de partidos conservadores/neoliberales, dejaron muy clara su postura, están de acuerdo en que el agua debe ser accesible y asequible para todos, pero no quieren que se regule a nivel de la Unión Europea, la exclusión de los servicios del agua de la liberalización, según su opinión la regulación o no debe dejarse a los Estados miembros.
Desde las filas de la izquierda, también se habló del peligro que suponen las negociaciones comerciales del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) en el que se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones, además de que varias de las regulaciones previstas son contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los posibles impactos de este tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectan directamente a los consumidores, causando problemas de salud.
En su Comunicación de 19 de marzo la Comisión ha sido tibia: expresa su satisfacción por la movilización popular en apoyo al acceso al agua potable y segura y al saneamiento, manteniendo su compromiso de continuar con sus políticas de mejoras al cumplimiento de este derecho humano adoptando medidas para mejorar la normativa de calidad del agua, la transparencia de la gestión y el apoyo y defensa del derecho universal, pero permanecerá neutral en cuanto a las opciones legislativas de las autoridades nacionales, regionales y locales.. En conclusión: Ha oído la voz de los ciudadanos pero no los ha escuchado, no se ha atrevido a legislar en la Unión Europea para que este servicio esencial permanezca en manos públicas,
Como era de esperar se ha impuesto la mayoría conservadora que, cumpliendo con su ideología neoliberal, defendiendo los intereses de las grandes empresas del agua y aceptando las presiones de los lobbys empresariales y de la Troika, se ha negado a atender la demanda ciudadana que reclama que el agua es un derecho humano, no una mercancía.
A tenor de los resultados de la movilización popular en nuestros representantes europeos y de cara a las próximas elecciones europeas habrá que tomar buena nota. Hacemos un llamamiento a reflexionar y a tener en cuenta, que nuestra decisión a la hora de emitir o no nuestro voto, nos afecta también en Europa.
MAREAAZUL ABRIL 2014
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